La Defensoría del Pueblo pidió atención inmediata para al menos 9.800 personas de cuatro municipios en Chocó que se encuentran en confinamiento de manera indefinida tras el anuncio de paro armado por parte del frente occidental ‘Omar Gómez’ de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Se trata de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita, donde la población se ve afectada por esta restricción en materia de movilidad y en sus actividades diarias como transporte de víveres y alimentos al igual que acceso a servicios de salud y actividades diarias.

Cabe recordar, que el pasado lunes 12 de diciembre se registró una incursión de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a la comunidad afro de Negría en Istmina, en la que fue asesinada una persona y recibieron intimidaciones, daños a bienes civiles y hurtos.

Como consecuencia de estos hechos 141 habitantes de Negría se desplazaron al corregimiento de San Miguel en el municipio de Medio San Juan y a la cabecera municipal de Istmina.

La Defensoría indicó que este año esa comunidad ya ha sido víctima de tres desplazamientos en los meses de enero, febrero y abril.

“Las comunidades afro e indígenas ubicadas en esta subregión del medio San Juan han afrontado eventos sucesivos de confinamiento y desplazamiento masivos a causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de población civil, amenazas, restricciones y controles poblacionales y territoriales por grupos ilegales”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

“Estos hechos se han desarrollado en el contexto de disputa entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – ‘Clan del Golfo’ que se han agudizado en los dos últimos años como se advirtió a través de las alertas tempranas 020 y 027 de 2021 y 012 de 2022 para los municipios de Medio San Juan, Istmina, Nóvita y Sipí, respectivamente”, dijo la Defensoría.

Además de confinamiento de la población, se presenta restricción a la movilidad, al comercio y al transporte de pasajeros y de mercancías desde y hacia el municipio del Litoral del San Juan donde se ven afectadas 64 comunidades, incluyendo Docordó que es la cabecera municipal.

La movilidad se hace a través de la única vía que es el río San Juan que conecta a este municipio con Buenaventura a través del corregimiento de Bajo Calima.

“Desde la Defensoría del Pueblo, insistimos en la importancia de que las autoridades tomen las medidas necesarias para enfrentar la grave situación humanitaria que se registra en el Medio San Juan (Chocó) y el Bajo Calima (Valle del Cauca). Es urgente, la protección efectiva y la asistencia humanitaria inmediata para la población afectada”, recalcó Carlos Camargo.

Finalmente, el Defensor del Pueblo delegó un equipo de las Regionales Chocó y Pacífico, de la Delegada del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Delegada para la Movilidad Humana y de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, para que acompañen a la población confinada por cuenta del anuncio de paro armado, y allí articular los esfuerzos interinstitucionales para lograr la garantía de los derechos de las comunidades.

*Con información de la Defensoría del Pueblo